La pandemia por COVID 19 ha permitido visibilizar las diversas crisis existentes en el planeta y las escalas en las que éstas se presentan, un ejemplo de ello son los impactos ambientales (cambio climático, pérdida de biodiversidad), económicos (endeudamiento, desempleo), y sociales (servicios públicos de salud muy limitados, creciente pobreza, inequidad de género, discriminación racial) que actualmente se viven en el mundo entero pero con magnitudes diferentes de acuerdo a la región o país en las que se presentan.
Las diferentes medidas de distanciamiento social implementadas para frenar la expansión de la pandemia a lo largo del 2020 derivaron en un impacto económico negativo para los países, como ejemplo de ello se estima que la crisis derivada del COVID-19 “empujará a entre 71 millones y 100 millones de personas a la pobreza extrema, medida según la línea internacional de USD 1,90 al día”1.
A medida que la crisis se agudiza, se torna necesario para los países de bajos ingresos contar con el espacio fiscal que les permita tomar medidas anticíclicas, tanto fiscales como monetarias. Para ello, se requiere del apoyo de las principales economías del mundo que les permita enfrentar de manera subsecuente los impactos que ha tenido la pandemia tanto en su economía interna -prioritariamente-, así como en sus compromisos internacionales, incluyendo el pago de su deuda externa. Sobre esto último, la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda (DSSI2 , por sus siglas en inglés) que da una moratoria limitada en monto, tiempo y beneficiarios, a la luz de la dimensión de la crisis económica y social, deberá ser ampliada.
En este sentido, existen diversas medidas que deberían tomarse para que los gobiernos recuperen un espacio fiscal suficiente para tomar las medidas contra cíclicas necesarias para enfrentar la crisis. Entre ellas, destacaremos: realizar una reforma fiscal ambiental ambiciosa (incluyendo ponerle precio al carbono), establecer un impuesto mínimo global a las corporaciones, otro a las transferencias financieras de corto plazo, otro a la economía digital, entre otros.
Sin embargo, dentro de los varios recursos que se deben poner a disposición de los países en desarrollo, uno de ellos son los Derechos Especiales de Giro o (SDR’s, por sussiglas en inglés) que pueden ser un gran aliado para estos países ya que desde su creación en 1969, como reserva internacional complementaria, representan “un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI”3 , es decir, brindan a los países la posibilidad de adquirir recursos en alguna de las cinco monedas que componen las canasta de monedas de libre uso (Dólar estadounidense USD, Euro EUR, Yen JPY, Libra esterlina GBP, y Renminbi CNY) para otorgarles liquidez y complementar sus reservas oficiales en medio de un contexto de crisis económica financiera mundial.
La propuesta del G20, en febrero de 2021, sobre una nueva emisión de DEG4 y la reasignación del excedente de éstos a países de bajos ingresos, plantea un escenario de subsanación respecto a la tan necesaria ayuda internacional para afrontar las consecuencias de la crisis del COVID-19. Por otra parte, el G7 también respaldó la propuesta de la directora general del FMI Kristina Georgieva, con la asignación de DEG por una cantidad equivalente a 650 mil millones de dólares, con el fin de proporcionar liquidez a los países de bajos ingresos afectados por la pandemia sin aumentar su deuda.
A pesar de las consecuencias negativas del COVID-19, la respuesta a la pandemia también presenta una oportunidad importante para que todos los países incrementen sus esfuerzos por desarrollar acciones enfocadas a atender las múltiples crisis que enfrentamos, y ello debe ser apostando por una recuperación económica verde y socialmente inclusiva (o que estén encaminadas a la transición justa a economías neutrales en carbono). Sin embargo, para lograrlo, se necesita más solidaridad internacional en varios ámbitos fiscales. Adicionalmente, es necesario que los excedentes de DEG no solo se asignen a países de bajos ingresos, sino que también se destinen a una mayor cantidad de países, como los países de desarrollo medio, como lo ha expresado recientemente Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL5.
Autor: Karen Castaño / Sarahi Malanche Revisión: Santiago Lorenzo / Citlalic González
Fecha: 9 de Abril de 2021
Categoría:Finanzas verdes y sostenibles - Instrumentos económicos - Transición ecológica.
- EVIS RUCAJ, NADA HAMADEH, HAISHAN FU. Entender la deuda en el mundo: aliviar el impacto de la COVID-19 (coronavirus) en los más vulnerables.
https://blogs.worldbank.org/es/datos/entender-la-deuda-en-el-mundo-aliviar-el-impacto-de-la-covid-19-en-los-mas-vulnerables - World Bank. COVID 19: Debt Service Suspension Initiative.
https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative - Fondo Monetario Internacional. Derechos especiales de giro (DEG).
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR - Fondo Monetario Internacional. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI.
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc - Alicia Bárcena. Una asignación de derechos especiales de giro (DEG) para el desarrollo beneficiaría a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso.
https://www.cepal.org/es/articulos/2021-asignacion-derechos-especiales-giro-deg-desarrollo-beneficiaria-todos-paises